Moción de la concejala no adscrita en defensa del estado de derecho, en apoyo a la UCO, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, jueces y fiscales

Defiende la moción la concejala no adscrita.

La defensa del Estado de Derecho es uno de los pilares esenciales de toda democracia moderna. En España, esta defensa se sostiene gracias al trabajo de nuestras instituciones, entre ellas la Guardia Civil, en especial su Unidad Central Operativa (UCO), los jueces, fiscales y el conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuyo compromiso con la legalidad y la justicia es incuestionable.

En las últimas semanas, hemos conocido un nuevo informe de la UCO que aporta información relevante en varias investigaciones judiciales abiertas. Este informe apunta a posibles casos de corrupción de gran gravedad que afectan directamente al entorno del Gobierno de España. Estas investigaciones reflejan una trama preocupante de tráfico de influencias, adjudicaciones públicas opacas y posible uso indebido de fondos públicos.

A este clima de deterioro institucional se suma la ley de amnistía aprobada recientemente, que otorga impunidad a quienes atentaron contra el orden constitucional, desafiaron la legalidad y dilapidaron recursos públicos en su intento de fragmentar la unidad nacional. Esta ley no responde a una demanda social mayoritaria, sino al pago político exigido por partidos independentistas a cambio de mantener al actual Gobierno en el poder. Una ley que rompe con los principios de igualdad ante la ley y socava los fundamentos del Estado de Derecho.

Ante la creciente preocupación ciudadana por los graves casos de presunta corrupción que afectan al entorno del Gobierno de España, entre ellos, el denominado caso Koldo y el reciente caso Cerdán, tras la publicación del informe de la UCO y la situación de deterioro institucional que vive nuestro país, tenemos la obligación ética y moral de manifestar nuestro firme compromiso con la legalidad, la transparencia y el buen funcionamiento de las instituciones democráticas.

En este contexto, debemos expresar nuestro respaldo absoluto a:

1. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, por su labor rigurosa e independiente en la investigación de redes de corrupción, incluyendo las relacionadas con contratos públicos durante la pandemia. La UCO desempeña un papel fundamental en la investigación de delitos de alta complejidad como el crimen organizado, la malversación de fondos públicos, el narcotráfico y las tramas de corrupción. Su actuación, técnica y rigurosa, ha contribuido decisivamente al esclarecimiento de casos que afectan a todos los niveles del poder. Esta labor debe ser respetada y protegida frente a cualquier intento de desacreditación o presión externa. Su trabajo demuestra la fortaleza del Estado de derecho.
2. El conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFSSEE), que actúan al servicio de la ley y de la ciudadanía, en condiciones lamentables. A día de hoy, carecen muchos de ellos hasta de la uniformidad adecuada y de materiales básicos como zapatos antideslizantes o chalecos de protección. Su equipamiento actual, según denuncian, en muchos casos procede de la donación de compañeros jubilados o destinados a otras especialidades. "Es triste que en la Guardia Civil deba heredar zapatos usados para poder trabajar". Aparte, se encuentran bajo una gran presión mediática y política, manteniendo siempre un comportamiento ejemplar.
3. Los jueces y fiscales que, con independencia y profesionalidad, están llevando a cabo las investigaciones judiciales correspondiente y a pesar de las presiones políticas y mediáticas, continúan ejerciendo su función con independencia y profesionalidad. La actuación del poder judicial es imprescindible para esclarecer los hechos, depurar responsabilidades y preservar la separación de poderes que sustenta nuestro sistema democrático. Su papel como garantes de la legalidad es imprescindible, y deben poder ejercer sus funciones sin injerencias ni deslegitimaciones.

Frente a estos hechos, toda la corporación municipal deberíamos expresar nuestra preocupación ante los intentos de erosionar la credibilidad de las instituciones judiciales y policiales, precisamente cuando sus investigaciones alcanzan a altas esferas del poder.

Asimismo, debemos manifestar nuestro rechazo a medidas legislativas como la ley de amnistía recientemente aprobada, por considerar que representa una quiebra del principio de igualdad ante la ley y una cesión política a quienes han atentado contra la unidad y la legalidad constitucional. Esta norma, ajena al interés general y nacida del cálculo político, supone un precedente muy peligroso para la estabilidad de nuestro marco democrático. Socava la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, cuestiona la separación de poderes y erosiona los principios básicos de nuestra democracia.

Por todo ello, y ante la falta de explicaciones claras y contundentes por parte del Gobierno, así como la creciente pérdida de confianza institucional, debemos exigir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como gesto de responsabilidad política ante una situación insostenible desde el punto de vista ético, institucional y democrático.

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid debe abanderar y manifestar sin titubeos su compromiso con la defensa del interés general, el respeto a la legalidad y el apoyo a todas aquellas instituciones que, como la UCO, las FFSSEE, y el poder judicial, trabajan para que en España nadie esté por encima de la ley.

Atacar a quienes trabajan por la verdad y la justicia no solo debilita la democracia, sino que constituye un grave retroceso institucional.

Por todo lo anterior expuesto:

Solicito al Pleno de Rivas Vaciamadrid:

1. Reafirmar el respaldo firme e inequívoco de esta corporación a la Guardia Civil, la UCO, el Cuerpo Nacional de Policía y al conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como a los jueces y fiscales que desempeñan su labor con independencia y rigor.
2. Reclamar al Gobierno de España el máximo respeto institucional a la independencia judicial y a la labor de estos profesionales, y condenar cualquier intento de presión, descrédito o interferencia política sobre las investigaciones judiciales en curso.
3. Instar al Gobierno de España a colaborar con transparencia con todas las investigaciones abiertas en el marco de la legalidad, garantizando la independencia judicial y policial.
4. Manifestar el rechazo del Pleno del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid a la ley de amnistía, por considerar que vulnera principios básicos del Estado de Derecho, como la separación de poderes, la igualdad ante la ley y la tutela judicial efectiva.
5. Trasladar esta Declaración Institucional al Ministerio del Interior, al Consejo General del Poder Judicial, a la Fiscalía General del Estado, y a las asociaciones profesionales de jueces, fiscales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Una vez cerrado el debate, el Pleno, previa deliberación y debate ACUERDA por 11 VOTOS A FAVOR emitidos por Dª. Janette Novo Castillo, D. Francisco José Gallardo López, D. Álvaro Garrucho Díaz-Pavón, Dª. María del Camino Rodríguez Prieto, D. Jesús Martínez Caballero, Dª. Leticia María Panadero Sáez, Francisco Javier Gil Rodríguez, D. Amara María Gómez Garzón, Don José Luis Borrallo Álvarez, Doña María Ángeles Guardiola Neira y Doña Eliana Palacios Albornoz, 14 VOTOS EN CONTRA de Dª. Aida Castillejo Parrilla, Dª. Rosario Sandoval Morales, D. José Luis Alfara González, Dª. Yasmín Elena Manji Carro, D. José Manuel Castro Fernández, Dª. Misericordia Chamorro Sánchez, Dª. Manuela Refolio Bonito, Dª. Ángela Vijández Salas, D. Juan José González Blas, Dª. Mónica Carazo Gómez, Dª. Pilar Gabina Alonso García, D. Alberto Cabeza Saco, Dª. María Luisa Pérez González, y Doña María Elena Muñoz Echeverría, SIN ABSTENCIONES.

Por consiguiente, la moción presentada no resulta aprobada.