Moción de los grupos municipales Rivas Puede y Somos Rivas relativa a la inmediata actuación en materia de Haciendas Locales y Función Pública

Pleno de 31 de octubre de 2018

Moción de los Grupos Municipales Rivas Puede y Somos Rivas relativa a la inmediata actuación en materia de Haciendas Locales y Función Pública.
El Sr. Portavoz del Grupo Municipal Rivas Puede D. José María Álvarez León da lectura a la siguiente moción:

“La Administración local es la más cercana a la ciudadanía. Las personas, sus derechos y su bienestar deben ser el centro de nuestra actuación. Es necesario apostar por municipios fuertes, con capacidad de decisión y con recursos adecuados para dar respuesta a las demandas ciudadanas, entendiendo por tanto, que el futuro marco competencial debe cumplimentarse con un sistema de financiación estable y suficiente.

La legislación actual, fruto del Partido Popular, lleva años sometiendo a las Administraciones Locales a un estricto control presupuestario y económico, regulando diferentes aspectos que prácticamente han dejado a los ayuntamientos sin posibilidades de cumplir el papel que deben desarrollar en la mejora de los servicios de bienestar, la creación de nuevos empleos y todos los servicios de proximidad demandados.

Y todo ello, además, cuando la administración local ha cumplido con creces con sus compromisos de estabilidad presupuestaria y los objetivos marcados por el Gobierno, en primer lugar, en el ejercicio de 2017, el conjunto de Corporaciones Locales registró una disminución del gasto computable del 0,6%, lo que supone el cumplimiento de la regla de gasto en este ejercicio, ya que la tasa de variación permitida era el 2,5%, siguiendo además la tendencia reductora en los objetivos fijados para los próximos años.

En cuanto al objetivo de estabilidad presupuestaria aprobado para las Corporaciones Locales, que el año pasado era alcanzar una situación de equilibrio, el resultado registrado ha sido un superávit de 6.812 millones, es decir, el 0,59 % del PIB, siendo la única administración considerada globalmente que no ha incurrido en déficit. Unido a ello, la utilización del superávit generado está sujeta a una serie de requisitos y limitaciones que obligan a que se utilice sólo en inversores “financieramente sostenibles”, lo que, además de implicar unas finalidades muy estrictas, no permite, de ninguna manera, inversiones en gasto corriente.

En relación a los objetivos de deuda pública, el objetivo en 2017 fue del 2,9% del PIB, habiendo alcanzado al final del ejercicio de 2,5% lo que supone el cumplimiento del objetivo fijado, una vez más. Las cifras fijadas para los años posteriores siguen reduciendo el porcentaje, siendo ésta una medida claramente discriminatoria hacia los Gobiernos Locales en relación con el estado y las CCAA, que no tienen un límite parecido a pesar de sumar entre ambos la práctica totalidad de la deuda.

Por otro lado, la crisis económica iniciada en 2007-2008 ha aumentado gravemente los niveles de desigualdad entre las personas, poniendo en peligro la convivencia y cohesión local. Los servicios públicos se han visto recortados y desbordados para cubrir las necesidades y derechos de la ciudadanía.

Los trabajadores y las trabajadoras de la Administración Local y del conjunto de servicios públicos han sufrido bajadas salariales, aumentos de jornada y carga de trabajo, además de tener prohibida de facto la negociación colectiva, por los sucesivos reales decretos.

Las cifras macroeconómicas del pasado y actual año son positivas, con crecimiento del PIB del 3% en 2017, pero no se traduce en mayor igualdad, sino al contrario, los beneficios empresariales se han triplicado mientras que los salarios siguen estancados, procediendo al denunciado trasvase de rentas del trabajo a rentas del sector financiero.

En la Administración Local no se está creando empleo sino todo lo contrario, así como la calidad del empleo está siendo insuficiente para dar los Servicios necesarios que requiere la ciudadanía ahora que las familias tienen más necesidad de ayudas.

Las Administraciones Locales, a pesar de tener en su mayoría unas cuentas saneadas, y tener superávit, se ven limitadas para dotar los servicios públicos con presupuesto adecuado y con los empleados y empleadas públicos necesarios, porque el Gobierno del Estado lo impide a través de la ley de presupuestos, manteniendo la tasa de reposición, la limitación de ofertas públicas de empleo y las prioridades en el gasto, así como mantienen el techo de gasto, no permitiendo que los ayuntamientos saneados económicamente inviertan en las necesidades de cada municipio.

Unido a todo lo anterior, no podemos obviar la disminución de empleados públicos de la administración local, que ha pasado de 647.488 empleados en enero de 2011 a los 571.985 empleados de julio de 2017, lo que supone una reducción del 13,2%. Esto ha abocado a una situación en la que las Entidades Locales padecen graves dificultades para la prestación de los servicios que obligatoriamente tienen encomendados.

Otro aspecto que exigimos es que haya una negociación de una nueva financiación de las Administraciones Locales, dado que la actual es insuficiente.

Como vemos, la situación de las entidades locales exige que el nuevo Gobierno cumpla su compromiso de tomar en serio las reivindicaciones que se llevan años planteando: revisión de la regla de gasto, destino del superávit, deuda pública y tasa de reposición, para afrontar los problemas a los que cada día tienen que enfrentarse y seguir prestando los servicios públicos necesarios, permitiéndoles, además, margen de maniobra para elaborar adecuadamente los presupuestos municipales para 2018.

Por todo ello el Grupo Rivas Puede y Somos Rivas eleva al pleno para su debate y aprobación los siguientes:

ACUERDOS

Instar al Gobierno de España a adoptar las medidas necesarias para:

1-      Una correcta y suficiente financiación de la Administración Local, que nos garantice el acceso universal a unos servicios de calidad e igualdad de oportunidades. Para lo que es necesario una reforma fiscal progresiva.

2-      Revisar y adecuar la regla de gasto a las necesidades de los servicios públicos que prestan los ayuntamientos, siguiendo las mejores prácticas internacionales y teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad de las cuentas públicas a lo largo del ciclo. Reforzar los Servicios Públicos, como enseñanza, servicios sociales y dependencia, suministro de Agua, servicios de atención al público, I+D+i, entre otros, que permita una mejora de la calidad de vida, la cohesión social, dinamizar la economía y generar empleo.

3-      Eliminar los límites impuestos a las posibilidades de gasto de los Ayuntamientos para que las Entidades Locales, siempre y cuando tengan las cuentas saneadas, y en uso de su plena autonomía financiera, puedan destinar el superávit que generen en cada ejercicio presupuestario a promover programas y servicios que demanda la ciudadanía: políticas sociales, políticas activas de empleo, programas de Igualdad, políticas de juventud, etc.

4-      Suprimir las restricciones a la concertación de operaciones de endeudamiento por parte de las Entidades locales no incursas en los supuestos de la Ley de Estabilidad.

5-      Modificar la regulación de la tasa de reposición de los efectivos en la Administración Local de manera que alcance en los servicios de interés prioritario el 150% y en el resto de los servicios municipales el 100%. Eliminar las limitaciones a la creación de empleo público en las administraciones locales, permitiendo nuevas ofertas de empleo público, así como un plan ofertas extraordinarias de empleo en un tiempo determinado para recuperar los empleos perdidos desde el 2012.

6-      Desarrollar el estatuto del Empleado Público y permitir una negociación colectiva real en cada administración con sus empleados públicos. Disponiendo de la dotación presupuestaria para devolver las cantidades salariales sustraídas a las empleadas y empleados públicos, así como otras condiciones laborales arrebatadas.

7-      La creación de Cláusulas Sociales y Medioambientales obligatorias en la contratación pública que garanticen la eficiencia y transparencia del servicio, así como el Empleo, las Condiciones laborales y la subrogación de las personas trabajadoras.

Dar traslado de este acuerdo a los Gobiernos Central y Autonómico, a los Grupos Políticos del Congreso de Diputados y de las Regionales y a la junta Gobierno de la FEMP.

Durante el debate el proponente acepta modificaciones propuestas por el Grupo Municipal Socialista, quedando la moción que pasa a votación como sigue:

La Administración local es la más cercana a la ciudadanía. Las personas, sus derechos y su bienestar deben ser el centro de nuestra actuación. Es  necesario apostar por municipios fuertes, con capacidad de decisión y con recursos adecuados para dar respuesta a las demandas ciudadanas, entendiendo por tanto, que el futuro marco competencial debe cumplimentarse con un sistema de financiación estable y suficiente.

La legislación actual, fruto del Partido Popular, lleva años sometiendo a las Administraciones Locales a un estricto control presupuestario y económico, regulando diferentes aspectos que prácticamente han dejado a los ayuntamientos sin posibilidades de cumplir el papel que deben desarrollar en la mejora de los servicios de bienestar, la creación de nuevos empleos y todos los servicios de proximidad demandados.

Y todo ello, además, cuando la administración local ha cumplido con creces con sus compromisos de estabilidad presupuestaria y los objetivos marcados por el Gobierno, en primer lugar, en el ejercicio de 2017, el conjunto de Corporaciones Locales registró una disminución del gasto computable del 0,6%, lo que supone el cumplimiento de la regla de gasto en este ejercicio, ya que la tasa de variación permitida era el 2,5%, siguiendo además la tendencia reductora en los objetivos fijados para los próximos años.

En cuanto al objetivo de estabilidad presupuestaria aprobado para las Corporaciones Locales, que el año pasado era alcanzar una situación de equilibrio, el resultado registrado ha sido un superávit de 6.812 millones, es decir, el 0,59 % del PIB, siendo la única administración considerada globalmente que no ha incurrido en déficit. Unido a ello, la utilización del superávit generado está sujeta a una serie de requisitos y limitaciones que obligan a que se utilice sólo en inversores “financieramente sostenibles”, lo que, además de implicar unas finalidades muy estrictas, no permite, de ninguna manera, inversiones en gasto corriente.

En relación a los objetivos de deuda pública, el objetivo en 2017 fue del 2,9% del PIB, habiendo alcanzado al final del ejercicio de 2,5% lo que supone el cumplimiento del objetivo fijado, una vez más. Las cifras fijadas para los años posteriores siguen reduciendo el porcentaje, siendo ésta una medida claramente discriminatoria hacia los Gobiernos Locales en relación con el estado y las CCAA, que no tienen un límite parecido a pesar de sumar entre ambos la práctica totalidad de la deuda.

Por otro lado, la crisis económica iniciada en 2007-2008 ha aumentado gravemente los niveles de desigualdad entre las personas, poniendo en peligro la convivencia y cohesión local. Los servicios públicos se han visto recortados y desbordados para cubrir las necesidades y derechos de la ciudadanía.

Los trabajadores y las trabajadoras de la Administración Local y del conjunto de servicios públicos han sufrido bajadas salariales, aumentos de jornada y carga de trabajo, además de tener prohibida de facto la negociación colectiva, por los sucesivos reales decretos.

Las cifras macroeconómicas del pasado y actual año son positivas, con crecimiento del PIB del 3% en 2017, pero no se traduce en mayor igualdad, sino al contrario, los beneficios empresariales se han triplicado mientras que los salarios siguen estancados, procediendo al denunciado trasvase de rentas del trabajo a rentas del sector financiero.

En la Administración Local no se está creando empleo sino todo lo contrario, así como la calidad del empleo está siendo insuficiente para dar los Servicios necesarios que requiere la ciudadanía ahora que las familias tienen más necesidad de ayudas.

Las Administraciones Locales, a pesar de tener en su mayoría unas cuentas saneadas, y tener superávit, se ven limitadas para dotar los servicios públicos con presupuesto adecuado y con los empleados y empleadas públicos necesarios, porque el Gobierno del Estado lo impide a través de la ley de presupuestos, manteniendo la tasa de reposición, la limitación de ofertas públicas de empleo y las prioridades en el gasto, así como mantienen el techo de gasto, no permitiendo que los ayuntamientos saneados económicamente inviertan en las necesidades de cada municipio.

Unido a todo lo anterior, no podemos obviar la disminución de empleados públicos de la administración local, que ha pasado de 647.488 empleados en enero de 2011 a los 571.985 empleados de julio de 2017, lo que supone una reducción del 13,2%. Esto ha abocado a una situación en la que las Entidades Locales padecen graves dificultades para la prestación de los servicios que obligatoriamente tienen encomendados.

Otro aspecto que exigimos es que haya una negociación de una nueva financiación de las Administraciones Locales, dado que la actual es insuficiente.

Como vemos, la situación de las entidades locales exige que el nuevo Gobierno cumpla su compromiso de tomar en serio las reivindicaciones que se llevan años planteando: revisión de la regla de gasto, destino del superávit, deuda pública y tasa de reposición, para afrontar los problemas a los que cada día tienen que enfrentarse y seguir prestando los servicios públicos necesarios, permitiéndoles, además, margen de maniobra para elaborar adecuadamente los presupuestos municipales para 2018.

Por todo ello los Grupos Somos Rivas y Rivas Puede elevan al pleno para su debate y aprobación los siguientes:

ACUERDOS

Instar al Gobierno y al resto de las fuerzas políticas al apoyo de las siguientes medidas:

1.       Una correcta y suficiente financiación de la Administración Local, que nos garantice el acceso universal a unos servicios de calidad e igualdad de oportunidades. Para lo que es necesario una reforma fiscal progresiva.

2.       Revisar y adecuar la regla de gasto a las necesidades de los servicios públicos que prestan los ayuntamientos, siguiendo las mejores prácticas internacionales y teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad de las cuentas públicas a lo largo del ciclo. Reforzar los Servicios Públicos, como enseñanza, servicios sociales y dependencia, suministro de Agua, servicios de atención al público, I+D+i, entre otros, que permita una mejora de la calidad de vida, la cohesión social, dinamizar la economía y generar empleo.

3.       Eliminar los límites impuestos a las posibilidades de gasto de los Ayuntamientos para que las Entidades Locales, siempre y cuando tengan las cuentas saneadas, y en uso de su plena autonomía financiera, puedan destinar el superávit que generen en cada ejercicio presupuestario a promover programas y servicios que demanda la ciudadanía: políticas sociales, políticas activas de empleo, programas de Igualdad, políticas de juventud, etc.

4.       Suprimir las restricciones a la concertación de operaciones de endeudamiento por parte de las Entidades locales no incursas en los supuestos de la Ley de Estabilidad.

5.       Modificar la regulación de la tasa de reposición de los efectivos en la Administración Local de manera que alcance en los servicios de interés prioritario el 150% y en el resto de los servicios municipales el 100%. Eliminar las limitaciones a la creación de empleo público en las administraciones locales, permitiendo nuevas ofertas de empleo público, así como un plan ofertas extraordinarias de empleo en un tiempo determinado para recuperar los empleos perdidos desde el 2012.

6.       Desarrollar el estatuto del Empleado Público y permitir una negociación colectiva real en cada administración con sus empleados públicos. Disponiendo de la dotación presupuestaria para devolver las cantidades salariales sustraídas a las empleadas y empleados públicos, así como otras condiciones laborales arrebatadas.

7.       La creación de Cláusulas Sociales y Medioambientales obligatorias en la contratación pública que garanticen la eficiencia y transparencia del servicio, así como el Empleo, las Condiciones laborales y la subrogación de las personas trabajadoras.

8.       Dar traslado de este acuerdo a los Gobiernos Central y Autonómico, a los Grupos Políticos del Congreso de Diputados y de las Regionales y a la junta Gobierno de la FEMP.”

La moción es aprobada por 17 votos a favor emitidos 7 por los Concejales del Grupo Municipal Somos Rivas, 5 por los Concejales del Grupo Municipal Rivas Puede, 3 por los Concejales del Grupo Municipal Socialista y 2 por los Concejales no adscritos, ninguna abstención y 5 votos en contra emitidos por 3 por los Concejales del Grupo Municipal Popular y 2 por los Concejales del Grupo Municipal Ciudadanos (C’s)