El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid asegura que no existe ninguna posibilidad de que se legalice, en su término municipal, ninguna de las edificaciones ilegales que se han levantado durante estos años en la Cañada Real. «No queremos que nadie albergue falsas expectativas sobre una opción futura de legalizar su vivienda», ha dicho José Masa, alcalde ripense.
El texto del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aprobado en 2004 por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, es meridianamente claro al respecto.
El terreno que era de dominio público y que hasta que se desafecte, tal y como marca el texto del anteproyecto de Ley de la Cañada Real que se vota el 10 de marzo en la Asamblea de Madrid, seguirá siendo vía pecuaria, está calificado como zona verde y espacio libre protegido.
«El propio Gobierno de Aguirre, tras ratificar el texto de nuestro Plan General, es el que dice que no se puede construir ni legalizar ninguna edificación en la Cañada Real que corresponde a Rivas», recuerda José Ramón Martínez Perea, concejal de Política Territorial. «Y desde una administración pública como la nuestra vamos a hacer cumplir la ley. De eso nadie debe tener ni una sola duda», remarca.
El Gobierno de Rivas se ha mostrado, por otro lado, muy preocupado por el clima negativo que genera la ruptura del consenso al que habían llegado las diferentes administraciones implicadas en la resolución del gravísimo problema social que representa la Cañada Social.
Al mismo tiempo, José Masa, ha animado a los Ayuntamientos de Coslada y Madrid para que se unan a Rivas en la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley, en el caso en que ésta se apruebe en los términos anunciados. La razón que lo sostendría es que vulnera el principio de autonomía que asiste a los Ayuntamientos.
